Desheredar a un hijo en España es posible, pero está sometido a condiciones estrictas. No basta con excluirlo del testamento: es necesario cumplir requisitos legales específicos y, en algunos casos, aportar pruebas sólidas.

Condiciones legales para desheredar a un heredero forzoso

Para que la desheredación sea válida, se debe cumplir:

1. Debe hacerse por testamento —no vale otro documento— mencionando nombre completo y parentesco del hijo.

2. Debe alegarse una causa legal contemplada en el Código Civil:

• Maltrato físico o psicológico.
• Negativa injustificada a prestar alimentos.
• Acusaciones falsas y condenas penales graves.
• Coacción: forzar cambios en un testamento.
• Pérdida de patria potestad.

3. La cláusula debe redactarse con precisión, mencionando claramente la causa.

¿Quién debe probar la conducta?

Si el hijo impugna la desheredación, son los herederos quienes deben demostrar en juicio que la causa alegada es real y grave.

Plazo para impugnar

El hijo desheredado tiene hasta 4 años desde conocer el testamento para presentar una demanda de impugnación.

Efectos legales de una desheredación válida

• El hijo pierde el derecho a la legítima.
• Sus descendientes (nietos del testador) sí pueden heredar en su lugar (derecho de representación).

Particularidades autonómicas

• Cataluña: la legítima es del 25 %, y la falta de relación familiar imputable al hijo es causa válida de desheredación.
• País Vasco (Bizkaia): permite desheredar libremente sin causa justificada por la Ley 5/2015.
• Otros territorios forales (Galicia, Navarra…) también tienen reglas propias que pueden facilitar la desheredación.

Cambios recientes en la Jurisprudencia

• En 2019, el TS declaró válida la desheredación por ausencia prolongada y culpable de relación familiar.
• En Cataluña (2023) se ha incorporado este motivo explícitamente en el art. 451-17 CC català.
• En el País Vasco (2015), se consolidó la mayor libertad de testar, permitiendo desheredaciones sin causa.

Desde 2014, la jurisprudencia ha modernizado la figura de desheredación, incluyendo nuevos motivos como el maltrato psicológico y la ruptura familiar. Estos han sido formalmente reconocidos en Cataluña desde 2009, y desde 2019, validados nacionalmente por el Tribunal Supremo. Además, el Supremo establece criterios claros sobre la necesidad de pruebas sólidas, reiterando que la relación debe estar «debidamente rota, prolongada y atribuible exclusivamente al hijo».

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, junto con los desarrollos normativos en 2024 y 2025, han supuesto un cambio profundo en el régimen jurídico del alquiler y la gestión del parque inmobiliario en España. Afecta tanto a arrendadores como a arrendatarios, especialmente en zonas de mercado tensionado, e introduce nuevas obligaciones, límites a rentas, incentivos fiscales y medidas contra la vivienda vacía y la ocupación ilegal.

1. Límite a la subida del alquiler y duración del contrato

Legislación: Ley 12/2023, art. 17, y disposición adicional sexta.

• En zonas tensionadas, la actualización anual de la renta se desvincula del IPC y se limita al 3 % como máximo (hasta 2025).
• Se prevé la creación de un nuevo índice de referencia estatal para futuras actualizaciones.
• La duración mínima del arrendamiento sigue siendo de 5 años (persona física) o 7 años (persona jurídica), conforme a la LAU (Ley 29/1994).

2. Declaración de zonas de mercado residencial tensionado

Legislación: Ley 12/2023, art. 18 y siguientes.

• Las CCAA o municipios pueden declarar zonas tensionadas si:

a) La carga del coste del alquiler supera el 30 % de la renta media.

b) El precio del alquiler ha subido un 3 % por encima del IPC en los últimos 5 años.

• En estas zonas se permite:
  
  • Limitar el precio del alquiler.
  • Aplicar incentivos fiscales al alquiler asequible.
  • Exigir medidas adicionales a grandes tenedores.

3. Grandes tenedores: obligaciones adicionales

Legislación: Ley 12/2023, art. 3 y 19.

• Se define como gran tenedor a quien posee más de 10 viviendas (o más de 5, si así lo decide la comunidad autónoma).
• En zonas tensionadas, el gran tenedor debe:
  
  • Comunicar desahucios al juzgado y servicios sociales.
  • Someterse a mediación previa.
  • No aplicar subidas abusivas.
• Pueden enfrentarse a recargos en el IBI (hasta 150 %) por viviendas vacías.

4. Registro de contratos y plataformas digitales

Legislación: Ley 12/2023, art. 21; desarrollo reglamentario RD 151/2024.

• Se crea un Registro Estatal de Contratos de Arrendamiento, obligatorio desde el 2 de enero de 2025.
• Las plataformas de alquiler turístico (como Airbnb) deben verificar el número de registro y colaborar con Hacienda y ayuntamientos.
• Se impone a los arrendadores la obligación de inscribir los contratos y aportar datos fiscales.

5. Desahucios: nueva regulación y agilización

Legislación: Ley 12/2023, art. 37; Ley de Enjuiciamiento Civil reformada por LECrim 1/2024.

• Se refuerzan los requisitos de notificación a servicios sociales para garantizar protección a personas vulnerables.
• Para casos de ocupación ilegal sin título (usurpación o allanamiento), se habilita procedimiento verbal urgente (juicio rápido).
• Se limita la posibilidad de paralización por falta de alternativas cuando no hay vulnerabilidad reconocida.

6. Vivienda protegida y vivienda asequible incentivada

Legislación: Ley 12/2023, art. 24 y 25.

• Se establece la obligación de reservar al menos un 30 % del suelo para vivienda protegida en nuevos desarrollos.
• Se potencia la figura de la vivienda asequible incentivada: alquiler privado con límites de renta a cambio de ventajas fiscales o urbanísticas.

7. Fiscalidad: nuevas deducciones y bonificaciones

Legislación: Ley IRPF (modificada por Ley 12/2023), disposición adicional 15ª.

• Bonificación de hasta el 90 % en el IRPF para propietarios que alquilen a precios por debajo de los de referencia.
• Bonificaciones decrecientes: 70 %, 60 % o 50 %, según perfil del inquilino y condiciones del alquiler.

8. Pisos turísticos y limitaciones vecinales

Legislación: Ley de Propiedad Horizontal (modificada por Ley 12/2023), art. 17.12.

• Para alquilar un inmueble como piso turístico, se necesita el consentimiento del 60 % de la comunidad de propietarios.
• Las comunidades podrán limitar o prohibir este uso en sus estatutos.

9. Fin de las Golden Visas por inversión inmobiliaria

Legislación: RD-Ley 2/2024, de 30 de abril.

• Se elimina la concesión automática de residencia por comprar inmuebles en España.
• La medida busca limitar la especulación inmobiliaria extranjera en zonas tensionadas.

En fin, la nueva Ley de Vivienda y sus normas complementarias han reformulado profundamente el derecho al alquiler y la política de acceso a la vivienda. Tanto propietarios como inquilinos deben revisar sus contratos, estrategias y derechos para adaptarse al nuevo marco legal.

La Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, constituye un hito normativo en la configuración del derecho procesal europeo. Su principal objetivo es armonizar y reforzar los mecanismos de tutela colectiva frente a infracciones del Derecho de la Unión que perjudiquen a los consumidores.

1. Introducción

Una contabilidad bien llevada es un pilar fundamental para cualquier negocio, sin importar su tamaño o sector. La información contable precisa y oportuna permite a los empresarios conocer la situación financiera real de su empresa, tomar decisiones fundamentadas, cumplir con obligaciones legales y fiscales, y planificar estratégicamente hacia el futuro.

Los autónomos no están obligados a llevar contabilidad mercantil salvo excepciones, pero sí deben cumplir con obligaciones fiscales según el régimen de estimación en IRPF: directa (normal o simplificada) u objetiva (módulos).

En España, la llevanza y legalización de los libros contables es una obligación legal para las sociedades mercantiles, regulada por el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y otras normas contables y fiscales.

La publicidad juega un papel clave en la economía moderna: informa, persuade y posiciona productos o servicios en la mente del consumidor. Sin embargo, cuando esta herramienta se utiliza con fines engañosos, se rompe la confianza entre empresas y ciudadanos. La publicidad engañosa no solo distorsiona la competencia, también vulnera los derechos fundamentales del consumidor. Frente a estas prácticas, existen mecanismos legales y administrativos que permiten al consumidor defenderse y reclamar con eficacia.

1. Residencia Fiscal en España

La residencia fiscal se determina principalmente según la Ley del IRPF (Ley 35/2006):

• Permanecer más de 183 días durante el año natural en territorio español.
• Tener en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos.
• Su cónyuge e hijos menores residen habitualmente en España (salvo prueba en contrario).

Cada vez son más frecuentes las llamadas telefónicas con fines publicitarios que recibimos sin haber dado nuestro consentimiento previo. ¿Cómo es posible que estas empresas tengan nuestros datos personales? ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Cada día, más personas en España denuncian una práctica que puede convertirse en un verdadero tormento: las llamadas constantes de agencias de recobro, muchas veces sin identificar al interlocutor o dejándole en espera tras descolgar. Estas prácticas, aunque disfrazadas de legalidad, pueden vulnerar derechos fundamentales si no se realizan conforme a la ley.

Desde abril de 2025, las comunidades de propietarios en buena parte de España ya pueden prohibir o limitar los pisos turísticos en sus edificios. Esta medida llega con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, impulsada por el Gobierno central, y tiene como objetivo frenar la saturación del mercado de alquiler y mejorar la convivencia vecinal.

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los propietarios en España. Para responder a esta situación, el ordenamiento jurídico ha evolucionado recientemente, reforzando las herramientas civiles y penales para agilizar el desalojo de los llamados “okupas”.

A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que otorga a las comunidades de propietarios en España un papel más activo en la regulación de las viviendas de uso turístico dentro de sus edificios. Esta modificación establece que cualquier propietario que desee destinar su vivienda al alquiler turístico deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de vecinos. Para ello, se requiere el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios, representando también las tres quintas partes de las cuotas de participación. Esta medida busca equilibrar los intereses de los propietarios con la convivencia y el bienestar de la comunidad.

En un entorno cada vez más digitalizado, muchas empresas optan por automatizar sus canales de atención al cliente. Sin embargo, en sectores de servicios esenciales, la ley exige que los consumidores puedan acceder a una atención personalizada, y no solo a un correo electrónico o un sistema automatizado (bot).

Muchas veces nos encontramos que al testamento no se le da la necesaria importancia, siendo uno de los actos más trascendentales de nuestras vidas que marcará el destino de nuestros bienes.

El cumplimiento de los plazos de pago a proveedores es una de las cuestiones clave en el ámbito empresarial y mercantil. En España, la legislación establece normativas específicas para garantizar que las operaciones comerciales se realicen de manera justa y equitativa, evitando situaciones de morosidad que puedan afectar la estabilidad financiera de los proveedores.

El 14 de enero de 2025, el Consejo de Ministros de España aprobó el anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar la protección de las redes y sistemas de información frente a las crecientes ciberamenazas que pueden afectar tanto a la economía como a la seguridad nacional.

En España, la constitución de una sociedad mercantil ofrece una serie de ventajas fiscales que pueden resultar muy beneficiosas para empresarios, emprendedores e inversores. Dependiendo del tipo de sociedad y de su estructura, se pueden optimizar los impuestos y mejorar la rentabilidad del negocio.

A continuación, analizamos las principales ventajas fiscales de operar bajo una sociedad en España y cómo pueden aplicarse para maximizar el ahorro tributario.

En los últimos años, la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea. Con la creciente sofisticación de las redes criminales, las autoridades han apostado por la implementación de tecnologías avanzadas para detectar operaciones fraudulentas y prevenir la entrada de dinero ilícito en el sistema financiero.

El papel de la tecnología en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Gobierno de España ha aprobado una nueva normativa que regula el teletrabajo y la contratación laboral en el marco de la transformación digital y el avance de nuevas formas de empleo. La ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, introduce importantes cambios en la relación entre empleadores y trabajadores, con el fin de garantizar un entorno laboral más justo y adaptado a la era digital.

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una reforma del Código Penal que endurece las sanciones para los delitos medioambientales, especialmente en la gestión indebida de residuos peligrosos, contaminación de aguas y suelos, y vertidos ilegales.

En el entorno empresarial actual, la responsabilidad penal de las personas jurídicas sigue siendo un tema crucial. Con la evolución de las normativas y el endurecimiento de las sanciones, las empresas deben reforzar sus estrategias de cumplimiento legal para evitar riesgos. En este artículo, exploramos las principales medidas de prevención que las empresas deben implementar en 2025 para mitigar su responsabilidad penal.

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, introdujo modificaciones significativas en el Código Penal español, especialmente en lo referente a delitos económicos como el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales. 

A partir del 1 de junio de 2025, la Ley de Servicios Digitales (LSD), aprobada por la Unión Europea en 2022, entrará en plena aplicación, imponiendo mayores responsabilidades a las plataformas en línea para garantizar la seguridad y transparencia en el entorno digital. Esta normativa busca proteger a los usuarios frente a contenidos ilícitos y mejorar la supervisión de los algoritmos de recomendación utilizados por las grandes tecnológicas.

¿Qué es el testamento digital?

El testamento digital es un documento legal que permite a una persona determinar qué sucederá con sus activos digitales tras su fallecimiento. En la era digital, cada vez es más común que los ciudadanos posean bienes en línea, tales como cuentas bancarias digitales, redes sociales, criptomonedas y otros activos virtuales, lo que genera la necesidad de regular su gestión post-mortem.

El Gobierno aprobó en Enero de 2025 una nueva reforma del Código Penal que endurece las sanciones para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el ámbito público y privado. La medida, que entrará en vigor el próximo mes, busca reforzar la lucha contra la evasión fiscal y mejorar la transparencia en la gestión de recursos.

¿Por qué la UE regula la Inteligencia Artificial?

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha traído enormes beneficios, pero también riesgos significativos en derechos fundamentales, privacidad y empleo. Para abordar estos desafíos, la Unión Europea ha propuesto la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), con el objetivo de regular su uso y garantizar que sea segura y ética.

¿Qué son las zonas de mercado residencial tensionado?

Las zonas de mercado residencial tensionado son aquellas en las que existe una especial dificultad de acceso a la vivienda en condiciones asequibles. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, establece los criterios para su declaración y regula las medidas que se pueden aplicar en ellas para limitar el impacto de la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda.

Una factura electrónica es un documento digital que cumple con los mismos requisitos legales que una factura en papel, pero se emite y recibe en formato electrónico. Para ser considerada válida, debe garantizar la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo cual se logra mediante el uso de firmas electrónicas avanzadas o sistemas de intercambio electrónico de datos (EDI).

La factura se define tradicionalmente como un documento oficial que sirve para dejar constancia de operaciones comerciales, ya sean compraventas de productos o prestaciones de servicios.

A partir de la entrada en vigor el nuevo reglamento de Extranjería, el 20 de mayo de 2025, entrará en vigor las modificaciones al Arraigo social, entre las que se encuentra el Arraigo Sociolaboral (artículo 127B9 que sería el antiguo Arraigo social con contrato y con el que ahora (a partir de su vigencia) solo bastará acreditar dos años de estancia en el país, en lugar de tres años, como hasta ahora) y se podrá aportar uno o varios contratos con una jornada laboral de 20 horas, en lugar de las 30 o 40 horas exigidas en la actualidad.  El salario deberá ser el  mínimo interprofesional o según el convenio que corresponda y muy importante, no será necesario presentar el Informe de Integración como era obligatorio hasta ahora.

Cuando el próximo día 20 de mayo de 2025, entre en vigor el nuevo Reglamento de extranjería, el estudiante podrá obtener una autorización de estancia de larga duración para estos estudios:

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que, con carácter adicional a los supuestos generales de permiso de residencia (i.e. residencia temporal no lucrativa, residencia por reagrupación familiar, residencia para nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea, …), la propia Ley de Emprendedores prevé otros tipos de permisos de naturaleza similar. Así, hoy en día existen las siguientes opciones:

El pasado 3 de enero se publicó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, en cuya Disposición final vigesimoprimera introduce la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización por la que se eliminan los visados de inversor (conocidos como Golden Visa). Esta medida entrará en vigor a los 3 meses, es decir, el próximo 3 de abril de 2025, quedando en dicha fecha, eliminados todos los visados para inversores.

La nueva norma que entrará en vigor en Mayo de 2025 contempla cinco modalidades de arraigo: