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El pasado 24 de Julio del 2018, la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dado un paso en favor de la digitalización a fin de obtener el máximo provecho sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el funcionar cotidiano de las entidades y dependencias de la Administración Pública.
Actualmente la Ley de nuestro país recoge que cuando se produzca un divorcio en un matrimonio y una de las partes de este quede en inferioridad económica o sin posibilidades para subsistir, como puede ser que no tenga trabajo porque abandonara el mismo para dedicarse al cuidado del hogar o de los hijos, si los hubiera, se establecerá una pensión compensatoria a favor de ese cónyuge.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo Tribunal (en adelante TS), el pasado 09 de Julio del presente, en su sentencia “1166/2018”, se ha pronunciado en favor de otorgarle legitimidad y facultad a un Embajador, como representante de un Estado, a efectos de llevar a cabo una acción de carácter judicial ante los Tribunales del Estado receptor, sin necesidad de contar con una decisión de la autoridad competente de la nación que representa. Caso concreto, recurrir la extradición de un ciudadano del país que el diplomático representa.
El pasado 19 de julio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de Cataluña contra la ley suprema en lo referente al ámbito Contencioso – Administrativo de nuestro país, como es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Gobierno Catalán entiende que esta ley invade competencias autonómicas asignadas a las propias comunidades autónomas relativas a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las propias administraciones públicas.
La violencia de género y su consecuente impacto familiar, constituyen uno de los problemas principales de la sociedad actual.
Amplios sectores de la población han considerado que la gestión procesal en ciertos casos que involucran violencia de género ha sido injusta. Incluso se han convocado grandes movilizaciones sociales en protesta y demanda de respuestas a las instituciones de justicia.
Un total de 28 despachos jurídicos se unen en un valioso esfuerzo de carácter social, al cristalizar la iniciativa que en 2016 impulsó el Vance Center de Nueva York.
Esa cifra es el total de firmas que sellan un histórico acuerdo para conformar el grupo de trabajo que crea la Fundación Pro Bono en suelo ibérico.
Una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha prohibido la búsqueda en hemerotecas digitales por nombres propios. Este dictamen es un reflejo de la controversia y la supuesta incompatibilidad entre el derecho a la información y el “derecho al olvido”, que se ha ido generando en redes y foros especializados.
España se encuentra entre los países europeos con menor cantidad de denuncias y sentencias en los entes judiciales de la zona euro. Se trata del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Estos órganos existen en virtud del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos. Fue suscrito por España en el año 1977 y ratificado en 1979, después de haber pasado por la aprobación de las Cortes Generales.
A partir del 1º de julio de 2018, todos los organismos que utilicen el modelo 200 para el Impuesto a las Sociedades tendrán que adoptar algunas modificaciones.
Recordemos que el modelo 200 es un informe que se debe presentar ante la Agencia Tributaria, y que afecta a todas las sociedades con residencia en España; se grava la renta obtenida durante el período impositivo. Como decimos, para este año 2018 el impuesto presenta algunos cambios importantes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en fechas recientes, sobre el asunto C147/16, que se refiere a un contrato de crédito gestionado por una institución educativa en Bélgica. Mediante esta resolución, se aplica la Directiva Europea de cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE) y se extiende por primera vez a las instituciones educativas.
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