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El término “cláusula Quirón” ha sido utilizado recientemente por el presidente del Gobierno durante un debate parlamentario. Aunque su uso fue político, este concepto hace referencia a una realidad jurídica impulsada desde el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria: el derecho al error fiscal.

1. ¿Qué es la “cláusula Quirón”?

Se trata de una forma coloquial de referirse al derecho del contribuyente a cometer errores sin sanción, siempre que no haya dolo ni perjuicio económico.

2. Legislación vigente

Actualmente, el artículo 27 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) permite rectificar errores con recargos pero sin sanciones. Tras la Ley 11/2021, se flexibilizó aún más esta posibilidad cuando se trate de errores ya regularizados en períodos similares.

3. ¿Existe legislación específica sobre la cláusula Quirón?

No, no existe.  La cláusula Quirón como tal no está incluida en la legislación vigente.

Si Existe una propuesta técnica (Propuesta 3/2022 del Consejo para la Defensa del Contribuyente) para darle rango legal e incluirla formalmente en la LGT y se ha sugerido
su incorporación en los artículos 27 y 34 de la Ley General Tributaria.

4. Comparativa de la situación actual y propuesta

En la situación actual:

  • Se permite rectificar errores voluntarios sin sanción pero con recargos e intereses.
  • El historial fiscal del contribuyente no influye.
  • Sólo aplicable antes o durante inspección si es voluntario.

Propuesta futura:

  • Rectificación sin sanción, recargo ni intereses.
  • Consideración del historial fiscal del contribuyente.
  • Aplicable incluso tras requerimiento, si no hay dolo.

5. Conclusión

Aunque el derecho al error ya está reconocido parcialmente en la normativa tributaria española, la llamada cláusula Quirón busca ampliarlo y consolidarlo como derecho legal del contribuyente. A día de hoy, no está formalmente regulado, pero cuenta con respaldo técnico y jurisprudencial creciente.

La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, marca un hito en el Derecho Procesal español al establecer, con carácter general, la obligatoriedad de intentar un medio extrajudicial de solución de conflictos (MASC) antes de interponer una demanda judicial en los ámbitos civil y mercantil.

Desheredar a un hijo en España es posible, pero está sometido a condiciones estrictas. No basta con excluirlo del testamento: es necesario cumplir requisitos legales específicos y, en algunos casos, aportar pruebas sólidas.

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