Aumento de inspecciones laborales en 2026: implicaciones legales para las empresas
Durante el año 2026, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado significativamente sus actuaciones en toda España, centrándose especialmente en el control de la contratación temporal, el registro de jornada y la correcta aplicación del teletrabajo.
Este incremento responde, entre otros factores, a la aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de reforma laboral, que modificó aspectos clave del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), limitando el uso de contratos temporales y reforzando la contratación indefinida.
Asimismo, la obligación de registro horario establecida en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores sigue siendo uno de los principales focos de inspección, especialmente en empresas que no cuentan con sistemas fiables o verificables.
En materia de teletrabajo, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, establece requisitos específicos como la formalización de acuerdos por escrito, la compensación de gastos y la garantía de derechos digitales, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones.
Las sanciones, reguladas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000), pueden oscilar entre los 751 € y los 225.018 €, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En este contexto, resulta fundamental que las empresas realicen auditorías laborales periódicas, revisen sus contratos y adapten sus protocolos internos a la normativa vigente. El asesoramiento jurídico especializado se posiciona como una herramienta clave para prevenir contingencias legales y económicas.
| RealDecreto 32 2021-Estabilidad Empleo | 363 KB |
