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Derecho Penal

El borrador inicial de la futura Ley de Protección de Datos ya avanza algunas novedades importantes. Sobre todo, en lo referido a la edad mínima necesaria para poder consentir en la utilización de datos de carácter personal, aspectos importantes relativos a sanciones e infracciones, información crediticia y algunas figuras que necesitaban de una definición específica, como es el caso del delegado de protección de datos.

La falsificación de documentos se basa en alterar los elementos considerados esenciales en alguno de ellos, o bien llevar a cabo una simulación de cualquiera de estos documentos. Se trata de un delito regulado en el Código Penal, con diversos condicionantes que lo engloban en varias categorías.

Lejos de ser una foto fija o un examen puntual, el Código Penal exige que los programas de  compliance  -o planes de cumplimiento normativo y prevención de delitos- sean sistemas  vivos. Es decir, para garantizar su efectividad, éstos deben ser revisados periódicamente y adaptados tanto a las modificaciones normativas o como los cambios que pueda experimentar la empresa en su estructura, organización o actividad.

El 25 de julio del 2015, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, fijando un periodo de vacatio legis de casi dos años. Así pues, este sábado entra en vigor la nueva ley de patentes con dos objetivos principales: la armonización de la legislación nacional e internacional con los derechos de Propiedad Industrial y ofrecer a los usuarios más eficiente y de calidad equiparable a otros sistemas internacionales. Os dejamos las novedades legislativas más destacables.

Reclamar una deuda es legal. Sin embargo, en el momento en que para reclamar una deuda el acreedor (es decir, quien tiene derecho al cobro) llama a todas horas al deudor para provocar que, por absoluta sensación de desgaste, el deudor pague sí o sí, se puede estar produciendo una actividad ilegal.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido una nueva modificación del Código Penal que posibilita que las personas jurídicas (asociaciones, fundaciones y sociedades) respondan penalmente por las acciones u omisiones de su personal directivo o de sus empleados, desapareciendo, de esta manera, la aplicabilidad del principio del Derecho Romano societas delinquere non potest, sobre el cual se había sustentado el que las sociedades no podían ser objeto de reproche criminal.

La Ley Orgánica 5/2010 de modificación del Código Penal introdujo por primera vez en nuestro sistema normativo constitucional la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la adición del artículo 31.bis.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que renuncia a algunas de las propuestas iniciales más polémicas como la posibilidad de que el Ministerio del Interior interviniera comunicaciones sin autorización judicial. La norma mantiene previsiblemente la fijación de plazos para la instrucción a pesar de la recomendación del Consejo de Estado e incluye la sustitución del actual "imputado" por "investigado".

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