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Derecho Mercantil

La guerra del Gobierno contra la publicidad de las casas de apuestas está atrayendo todas las miradas. Sin embargo, de forma paralela a la prohibición que se ha propuesto para el juego, limitando sus anuncios a escasas horas de la madrugada, ha habido otro gran damnificado que ha pasado bajo el radar, las bebidas alcohólicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales, que repercuten negativamente en los precios para el agricultor, con el fin de "proteger" a agricultores y ganaderos, según ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

La doctrina administrativa considera que el IVA sólo grava servicios de consumo, por lo que las cantidades retenidas o las penalizaciones cobradas, presuponen, precisamente, la no realización del servicio.

La economía de plataformas ha recibido un nuevo golpe en España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó ayer que Amazon debe cumplir con la normativa del sector postal porque desarrolla servicios de paquetería y mensajería del mismo modo que un operador postal, como Correos, Seur o MRW. El regulador considera que el gigante del comercio electrónico ofrece un servicio integral de correo postal. La compañía estadounidense, sostiene, “cubre la totalidad de las fases del ciclo, tiene una capacidad plena de control y de dirección sobre el servicio y además, presta sus servicios a terceros”. Por estos motivos, la CNMC considera que la compañía debe ceñirse a la normativa postal, más severa que la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, por la cual se regía hasta ahora.

El Estado y las Diputaciones Forales esperan recaudar más de 700 millones de euros con un nuevo impuesto que gravará el consumo de envases de plástico no reutilizables, que entraría en vigor el 1 de julio de 2021.

El 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma en España debido a la epidemia de coronavirus. El gobierno está tomando una serie de medidas para paliar los efectos económicos y sociales de esta crisis. Entre ellas, un nuevo Real Decreto. En él se adoptan, entre otras, una serie de medidas relativas al funcionamiento de las empresas. Es el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Resumimos a continuación los aspectos más importantes desde el punto de vista mercantil:

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos que cubran los precios de producción, al tiempo que eliminará la 'venta a pérdidas'. Además, también se ha dado luz verde a otras medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo.

El Consejo de la UE ha alcanzado un “acuerdo de compromiso” sobre un proyecto de Directiva sobre acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que quiere fomentar que los consumidores europeos defiendan sus derechos de manera colectiva y más eficiente en la Unión Europea. La Abogacía europea, reunida en el Comité de Acceso a la Justicia de CCBE, se ha mostrado preocupada dado que en el texto aprobado en el Consejo se ha eliminado el artículo 15 que contenía una referencia expresa a la asistencia jurídica gratuita para este tipo de procedimientos colectivos. De esta forma, el texto propuesto por los Estados miembros en un considerando no vinculante, desoye las posiciones de la propuesta de la Comisión Europea y del Parlamento. Igualmente, desatiende el hecho de que la Asistencia Jurídica transfronteriza en realidad ya se encuentra regulada por la Directiva 2003/8/CE para procesos transfronterizos civiles y mercantiles. En este sentido, el Parlamento Europeo, en su informe de 30 de abril de 2013 sobre la mejora del acceso a la justicia, ya había indicado su preocupación respecto a la aplicación de la Asistencia Jurídica civil y mercantil a los colectivos más vulnerables. Cabe, por lo tanto, esperar que será uno de los principales puntos a debatir en la próxima etapa legislativa (los conocidos como “trilogos”) en los que participan representantes de las tres instituciones.

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