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La Comisión Europea recuerda a España las nuevas directivas en materia penal

Debido al incumplimiento de España a la hora de integrar las normas de la Unión Europea a su legislación nacional, nuestro país ha recibido un ultimátum.

En mayo del 2017, todos los países miembros de la UE debían adherir a su legislación a las normas de investigación europeas. Estas condiciones facilitarían la lucha contra la delincuencia, basada en el reconocimiento mutuo de los estados.

La directiva en materia penal consiste en ejecutar las pruebas presentadas por otro Estado, como se hace en el ámbito nacional. Pero España, al igual que otros tres países, no ha cumplido con esta indicación.

Por este motivo, en julio del 2017 se volvió a recibir un comunicado instando a incorporar de inmediato las normas o poder incurrir en sanciones por el Tribunal europeo. A pesar de esto, España no realizó las modificaciones.

ÚLTIMO PLAZO OTORGADO A ESPAÑA PARA SUMARSE A LA ACCIÓN

Desde Bruselas han decidido dar un último aviso a España, con dos meses de plazo, antes de ser elevado el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se detecta que las normativas españolas estarían legislando con una falta de equidad y efectividad en lo referido al ámbito penal del continente europeo. Por ejemplo, una infracción a la normativa de la UE cometida en España, tiene menos responsabilidad que una a la Constitución Española.

En cuanto a los procedimientos, también existen diferencias que dificultan la lucha contra el terrorismo. La ausencia de colaboración en el reconocimiento de fuentes probatorias, hace imposible el avance de ciertos casos.

El derecho europeo se ve seriamente comprometido con este tipo de decisiones que toman países como España. Y la delincuencia avanza, mientras tanto, con mayor impunidad.

OTRAS NORMAS QUE TAMBIÉN "IGNORA" ESPAÑA

Además de la negativa de incorporar las normativas en materia penal, España también ha hecho caso omiso en otros aspectos financieros.

Se presentó un Reglamento para regular los mercados financieros, donde se busca mayor transparencia, competitividad e integración con las naciones de la Comisión Europea.  Pero España no ha aplicado tampoco esta legislación a pesar de que velan por la protección de los inversores.

Otra normativa que debe incorporar a una legislación es la Directiva sobre requisitos de Capital para empresas bancarias.

Hay que recordar que estas últimas directivas se han ido desarrollando, con el fin de hacer frente a la crisis financiera europea.

ESPAÑA, A UN PASO DE SER SANCIONADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

Actualmente el proceso formal con España para que se cumpla la normativa europea, se encuentra en la fase dos. De no cumplirse estos emplazamientos, se eleva la cuestión al Tribunal de Justicia europeo, facultado para ejecutar las sanciones.

Si España continúa con su negativa después de las revisiones del Tribunal y la Comisión, puede exponerse a ser castigada económicamente.

Las cantidades de la sanción, se calculan según el tipo de infracción, las consecuencias que ocasionan para los diferentes miembros de la Unión Europea, y el tiempo transcurrido desde el principio del incumplimiento.

Por otro lado, esta resistencia puede traer aparejados también inconvenientes en las relaciones con los demás Estados.

Queda esperar que se cumpla el plazo de emplazamiento para saber si España decide incorporar la normativa de la Comisión. 

Redacción SF Abogados