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Criminal Corporate Compliance: Derecho Penal Preventivo

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido una nueva modificación del Código Penal que posibilita que las personas jurídicas (asociaciones, fundaciones y sociedades) respondan penalmente por las acciones u omisiones de su personal directivo o de sus empleados, desapareciendo, de esta manera, la aplicabilidad del principio del Derecho Romano societas delinquere non potest, sobre el cual se había sustentado el que las sociedades no podían ser objeto de reproche criminal.

  • Responsabilidad penal de la persona jurídica por actuaciones del personal directivo. Existirá responsabilidad penal de la persona jurídica cuando el directivo haya actuado en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en beneficio directo o indirecto de ésta. Se deberían excluir, por tanto, los delitos cometidos por los directivos exclusivamente en beneficio propio o de terceros ajenos a la persona jurídica.
  • Responsabilidad penal de la persona jurídica por actos de los empleados. En estos casos, habrá responsabilidad penal de la persona jurídica cuando se haya podido cometer el delito por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control, atendidas las circunstancias del caso.
  • Tipo de penas aplicables. De entre las responsabilidades penales que pueden imponerse a la persona jurídica destaca la multa económica, la inhabilitación para obtener subvenciones, beneficios o ayudas públicas, la clausura de locales y establecimientos, la suspensión de la actividad en el sector donde se hubiera cometido el delito, la intervención judicial o la misma disolución de la persona jurídica.
  • Concurrencia de delitos. Estas consecuencias sancionatorias podrán imponerse igualmente con independencia de la pena que corresponda a la/s persona/s física/s responsable/s, incluso aunque no se haya podido individualizar o perseguir a dicha/s persona/s.
  • Atenuantes. De entre las circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica destaca la confesión antes de conocer que el procedimiento penal se dirige contra ella, la colaboración en la investigación mediante la aportación de pruebas nuevas y decisivas, la reparación o disminución del daño antes del juicio oral o el establecimiento de medidas eficaces para prevenir los delitos en el futuro, también antes del juicio oral.
  • Exoneración de responsabilidad penal. La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal si, entre otras cuestiones, el órgano de administración adopta y ejecuta con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos organizativos y de gestión que incluyan medidas de vigilancia que impidan la comisión delictiva o reduzcan de forma significativa dicho riesgo.
  • Modelos de organización y gestión. Dichos modelos deben identificar las actividades susceptibles de riesgo y relevancia penal, deben establecer protocolos de actuación en la toma de decisiones y ejecución de las mismas, deben disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos, imponer mecanismos de información de los posibles riesgos e incumplimientos, adoptar sistemas disciplinarios y realizar verificaciones periódicas del modelo.
  • El compliance comitee o compliance officer. La persona jurídica que pretenda no ser responsable penal deberá nombrar a un órgano autónomo dentro de la misma persona jurídica para que realice las tareas de control o contratar a una persona jurídica especializada en dichos menesteres de prevención y control. En el caso de personas jurídicas de pequeña dimensión se puede atribuir al administrador las funciones de supervisión.

Moisés Murcia Priego 
Abogado especialista en Derecho de la Empresa, SF Abogados