ÁREA DE USUARIO
Según el contenido del texto remitido a los agentes sociales por el Gobierno, las actuales ayudas a las empresas se mantendrán, con un ligero aumento de la cobertura; así como las prestaciones para los trabajadores. En el mismo importe (70% de la base reguladora) y con el 'contador a cero' para todo el 2021. Unos 755.000 trabajadores que actualmente permanecen en erte en toda España estaban pendientes de este preacuerdo.
Tan rápida ha sido la quinta prórroga de los ertes como agónica fue la anterior. A diferencia del acuerdo de septiembre, este ha llegado relativamente pronto, en tan solo tres reuniones y dos fines de semana de reflexión de por medio. Las partes han aplicado el dicho anglosajón de "Si no está roto, no lo arregles" y han introducido pocos cambios en el esquema de protección social. Pese a las reticencias manifestadas por la patronal el pasado jueves, finalmente los empresarios no han querido echarle un pulso al Gobierno y han avalado "por unanimidad", según han señalado en un comunicado, el texto del acuerdo.
ACUERDO CONTINUISTA
Los grandes cimientos del actual sistema de protección permanecen inamovibles: ertes de rebrote o suspensión, ertes de limitación y ertes para los sectores más damnificados; todos ellos con elevadas ayudas públicas. Y, en contrapartida, las empresas que a ellos se acojan tienen limitaciones en los despidos, las subcontrataciones y las horas extras, por un plazo de seis meses. Este punto, que ha vuelto a levantar oposición entre la patronal, se mantiene intacto respecto a la anterior prórroga. La cláusula de salvaguarda del empleo se prorroga con las mismas características. "Y cuando digo todas, digo todas", ha insistido la titular de Trabajo.
"No tiene sentido que si los contagios van a peor, el Gobierno disminuya las ayudas", comenta una fuente conocedora de las conversaciones. La nueva fecha límite del 31 de mayo acompaña todo el estado de alarma (vence el 9 de mayo) y blinda la campaña de Semana Santa. Desde el Ejecutivo han entendido que los actuales niveles de exoneración eran difícilmente aumentables. Y también ha defendido en las mesas que si estos no disminuían, no tenía sentido exigirles un menor compromiso con el empleo a las empresas receptoras. La patronal finalmente no ha insistido en tensar las conversaciones por esta vía, pese a que siempre se ha mostrado incómoda con dicha cláusula.
El acuerdo plasma "la capacidad que hemos tenido entre todos de ir adaptándonos a la pandemia", según ha manifestado el ministro Escrivá. Las partes cumplen así con uno de sus propósitos para esta negociación, que era dar certidumbre a empresas y trabajadores y no alargar las negociaciones hasta el último momento. El Gobierno mantiene tras este pacto el esfuerzo para las arcas públicas que está suponiendo el mecanismo de los ertes.
En el 2020, sumando las exoneraciones a las empresas y las prestaciones pagadas para los trabajadores afectados, el erario público ha destinado unos 21.000 millones de euros a costear los ertes. Esta escama del escudo social persiste y se mantendrá, al menos durante unos meses, como alternativa a los despidos para aquellas compañías especialmente afectadas por el impacto económico de la covid. Y para ello, según adelantó el ministro Escrivá, deberá destinar unos 5.500 millones de euros, entre ayudas empresariales y prestaciones.
TRÁMITES AUTOMÁTICOS Y MÁS SECTORES ESPECIALMENTE BLINDADOS
Una de las claves del actual acuerdo es la simplificación de los trámites de las empresas para transitar de un erte a otro. Ello tiene especial efecto para negocios que durante los últimos meses, y antes las cambiantes restricciones, deben transitar de un erte por suspensión a otro por limitación. Como, por ejemplo, los bares y los restaurantes. Y buscan descargar de trabas burocráticas especialmente a las pymes.
Y el otro punto del nuevo esquema de ertes es la leve ampliación de los sectores especialmente protegidos, aquellos dedicados a unas actividades que el Gobierno y los agentes sociales consideraron especialmente afectadas por la pandemia. Las empresas de esos sectores mantienen el derecho a acogerse a unas bonificaciones de entre el 85% y el 75% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los flecos que se han abordado durante las negociaciones han sido para añadir algunas actividades con especial afectación que quedaron excluidas en el pasado acuerdo y que, con los datos del último trimestre, se están viendo especialmente afectadas.
El Periódico Digital
