Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Buscador

Nueva ley de contratos públicos

La nueva Ley de Contratos Públicos promete mejorar la calidad del empleo en España. Su aprobación mayoritaria en el Congreso demuestra el rechazo a cualquier enmienda regresiva que pretenda relajar las condiciones laborales. A continuación, resumimos qué cambia y qué permanece con las nuevas medidas.

LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS: QUÉ ES Y QUÉ DETERMINA

Los acuerdos entre la Administración Pública española y la gestión privada han sido frecuentes en las últimas décadas. Actualmente, cerca de 18% de la recaudación administrativa española corresponde a dichos contratos.

Estos acuerdos involucran el interés de inúmeros trabajadores y hacen necesarias modificaciones para abarcar su situación laboral. Por ello, fue propuesta la nueva Ley de Contratos de Contratos Públicos.

El objetivo de esta ley es trasladar las determinaciones del Consejo de 26 de febrero de 2014 y las Directivas del Parlamento Europeo.  Concretamente, se trata de disminuir impuestos administrativos y acelerar los procedimientos en dichas contrataciones, eliminando considerable carga burocrática.

Será aplicada en la mayoría de las actividades de responsabilidad pública que son realizadas bajo concesiones a empresas privadas.

Su aprobación fue aplaudida por los sindicatos, pues permite avanzar en la protección de los derechos laborales. Con ella, trabajadores y trabajadores españoles podrán sentirse más cada vez más cerca de una justicia social.

Dicha conquista llega con retraso si comparamos con las actualizaciones en contratación pública que se desarrollan en Europa desde 2014.

FACTURA ELECTRÓNICA Y OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece la obligatoriedad de la factura electrónica. También prevé la creación de una oficina independiente cuya función sea exclusivamente controlar los contratos y garantizar la libre concurrencia.

La intención es establecer límites en lo que regula, respecto a las modificaciones de los contratos con empresas privadas.  Se pretende impedir que superen los 20% del importe contratado.

Por otro lado, el objetivo es llevar las empresas a financiar la relación con la Administración en lo referido al desarrollo de obras y servicios.

LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS: INCLUSIÓN LABORAL Y DERECHOS SOCIALES

La nueva ley también es marcada por la presencia de cláusulas de inclusión laboral, derechos sociales y preservación medioambientales.

Se destaca la iniciativa de reservar determinado porcentaje de los contratos a la inserción laboral de personas con discapacidad. Además, se establecen nuevos parámetros de desarrollo económico que visan preservar la fauna y flora originaria de España.

PROMOCIÓN A LAS PYMES

Las PYMES españolas también tienen motivos para celebrar. La nueva Ley de contratos públicos obliga a dedicar cierto porcentaje de los contractos privados exclusivamente a su desarrollo.

El objetivo principal es hacer con que las PYMES consigan acceder más fácilmente a la contratación pública. Estas nuevas empresas no tendrían que comprobar trabajos anteriores junto a la Administración para acceder a dicho beneficio.

OTROS BENEFICIOS DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

Otro avance importante es que los trabajadores podrán rescindir directamente sus contratos debido al impago de salarios. La intención es disminuir la burocracia y romper la hegemonía la empresa contratante.

Además, pretende aumentar la transparencia de los contratos menores, cuya intención sea rebajar los salarios y reembolsos por despidos.

Las Administraciones públicas tendrán a partir de ahora la obligación de controlar que las empresas con las que han contratado cumplen los plazos de pago con sus subcontratas, pudiendo establecer penalizaciones en los contratos superiores a cinco millones.

La nueva Ley de contratos públicos también obliga la Administración Pública a inspeccionar las empresas y sus subcontratas. El objetivo es garantizar que se respeten los plazos para pagar a trabajadores, pudiendo establecer penalidades económicas y cargas judiciales. 

Redacción SF Abogados