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Serán finalmente las comunidades autónomas quienes gestionen ese dinero, una de las decisiones más controvertidas de ese plan. Los ministerios de Economía y de Hacienda insistían en que fueran los gobiernos autónomos, frente a otra parte del Gobierno que prefería que fuera la Agencia Tributaria. Finalmente, Hacienda ejercerá una labor de control de esas ayudas, que son finalistas: para costear los gastos fijos (como suministros y alquileres) o reducir deudas (básicamente con proveedores).
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO
Ese paquete es fundamental ante el parón de la economía española en plena tercera ola de la covid. El Gobierno espera que la economía empiece a mostrar síntomas de mejoría a lo largo del segundo semestre del año, pero el FMI, Bruselas, el BCE y el Banco de España habían alertado desde hace meses de una posible oleada de suspensiones de pagos de empresas, por la caída de los ingresos, el aumento del endeudamiento y la larga duración de la crisis. El Ejecutivo reaccionó a la primera ola con el escudo social, los expedientes de regulación de empleo para preservar puestos de trabajo, y los avales y líneas de liquidez del ICO para salvar el tejido productivo. Pero un año después del primer estado de alarma, el Gobierno quería un estímulo adicional para evitar que miles de empresas cierren la persiana y no lastrar la futura recuperación. Algunos ministros consideran que España llega ya tarde: con el visto bueno de Bruselas desde hace aproximadamente un mes, esquemas parecidos operan desde hace tiempo en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o la vecina Portugal. Pero el plan del Gobierno da algo de aire a las empresas que están con el agua al cuello.
El sector turístico y la hostelería reciben especial atención: el Gobierno dedicará una partida específica a Baleares y Canarias, las dos comunidades más afectadas por las medidas restrictivas para aplanar la curva. El PIB balear cayó el 27% en 2020; la economía canaria, alrededor de un 20%, según los datos del Banco de España.
Economía y Hacienda pretendían que fueran las autonomías quienes gestionaran los fondos. Y finalmente será así, aunque las fuentes consultadas apuntan que la Agencia Tributaria tendrá un papel en el control de las exigencias: para acceder a las ayudas hay que demostrar una caída de facturación del 30% frente al periodo previo a la pandemia, y los fondos tienen que destinarse a cubrir gastos fijos o reducir deuda. Los distintos flancos del Gobierno han encontrado al final una solución intermedia que permite gestionar el dinero a las autonomías (que en teoría tienen una información sobre el terreno de dónde son más necesarios los fondos) mientras Hacienda establece controles para evitar fraudes.
La obsesión del Gobierno siempre ha sido evitar que las denominadas empresas zombis cobren esas ayudas y después acaben echando la persiana, como ha sucedido en otros países. Sin embargo, los organismos internacionales y la propia Comisión Europea alertaban que el riesgo de no aprobar ayudas y de que por lo tanto cierren empresas era mayor que el de ayudar a empresas zombis.
Las fuentes consultadas insisten en que las cifras estaban pactadas desde hace días. Economía y Hacienda explicaron el miércoles que solo había dificultades técnicas, y negaban diferencias de calado con otros ministerios. Finalmente, el plan saldrá adelante 17 días después del anuncio de Sánchez, y tras la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario después de que el fin de semana no fuera posible resolver las diferencias. El esquema se presentó hace una semana en la comisión de subsecretarios, y solo el día después se debatió en la comisión delegada de asuntos económicos, una anomalía frente al procedimiento habitual. Pero, a apenas unas horas de ese consejo extraordinario, llega la luz verde para las ayudas a las empresas: 7.000 de los 11.000 millones del paquete (en torno a un punto del PIB) serán finalmente no reembolsables.
Periódico Digital El País
