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Barcelona restringe el uso de pisos como apartamentos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona se ha aferrado a la ley del Derecho a la Vivienda que acaba de entrar en vigor para intentar poner orden en uno de los sectores que más problemas de convivencia ocasionan: los apartamentos turísticos. Una medida de gobierno que se aprobará en el pleno municipal del viernes establece que sólo los que estén en el registro de la Generalitat podrán de momento seguir trabajando, previa licencia municipal. Son concretamente 1.347 y quedan fuera del paquete los 1.190 de Ciutat Vella, que tienen consideración especial.

Los que quieran solicitar permiso para ejercer como apartamento turístico nuevo podrán obtener una licencia provisional si disponen de célula de habitabilidad y lo comunican a la comunidad de vecinos. Todo ello a la espera que la Generalitat desarrolle el decreto que determinará los requisitos y obligaciones de esta actividad, algo que no se producirá hasta finales de año.

La medida de gobierno da al Ayuntamiento capacidad sancionadora para multar con hasta 30.000 euros a los propietarios que no hayan solicitado licencia municipal para ejercer provisionalmente como apartamentos turísticos. La competencia sancionadora se extiende al momento en que se produzcan conflictos vecinales, con multas de entre 1.800 a 15.000 euros para las empresas explotadoras y propietarios que generen quejas de la vecindad. Un aspecto que el Ayuntamiento hará valer sobre todo como medida preventiva para aquellos que quieran hacer negocio fácil sin asumir responsabilidades.

La medida de gobierno prevé la creación de una mesa técnica interdepartamental que estudiará la evolución de las licencias, el comportamiento de los pisos turísticos y las inspecciones. Además, pondrá en conocimiento de la Agencia Tributaria a aquellos apartamentos que operen de forma ilegal, para que actúe en casos de posible fraude, una medida también disuasoria para aquellos que quieran seguir alquilando sus viviendas sin pasar por ningún tipo de registro.

El mayor problema, tal como reconoce el propio Ayuntamiento, se da en Ciutat Vella, donde se concentra el 41% de los pisos de uso turístico y donde, pese al plan de usos aprobado en el 2005, no se ha conseguido poner orden en el sector. La falta de un marco normativo definido ha comportado problemas de control y frecuentes dudas jurídicas y malas prácticas.

El trabajo que ha elaborado el distrito aporta algunas cifras que hablan por sí solas de la magnitud del problema. Se han detectado 2.165 pisos destinados a usos turísticos. De estos, más de 500 están en situación de "manifiesta ilegalidad" y, por tanto, son objetivo principal de las próximas actuaciones sancionadoras. Datos que también revelan que 310 viviendas tienen expedientes abiertos por molestias, de los cuales sólo 180 están en el apartado de ilegales. Alrededor de 580 han cesado la actividad desde el momento en que fueron detectados hasta ahora y, de los 1.200 que aún están activos, sólo 669 son susceptibles de ser legalizados. Son los que en su día solicitaron el cambio de usos tal como requería el plan de usos aún se mantiene vigente. Estos apartamentos tendrán que solicitar también la licencia municipal, aunque el Ayuntamiento ya garantiza de entrada agilizar los trámites. Serán los únicos que podrán ejercer en Ciutat Vella: el Ayuntamiento deja claro en su medida de gobierno que no dará licencias nuevas.

Asociació de Promotors de Barcelona