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El plan, avanzado por la cadena Ser, es aún un borrador en el que trabaja el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas y las ONG, y que, tiene que aprobarse en su Pleno antes de remitirse al próximo Gobierno.
Los primeros pasos de esta iniciativa conjunto comenzaron a darse en septiembre del año pasado, cuando se hizo evidente la desproporción en el reparto de los menores extranjeros y las dificultades de algunas comunidades para asumir sus responsabilidades con este colectivo, formado, según las últimas cifras oficiales, por 12.786 niños y adolescentes.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, vuelve a abordar la solidaridad de las comunidades autónomas. En 2018, un año récord de entrada de menores extranjeros no acompañados, algunas autonomías se vieron desbordadas. El Gobierno central apeló a la solidaridad entre territorios y pidió que otras comunidades con mucha menos presión migratoria asumiesen parte de la acogida, pero la respuesta fue nimia y se ofrecieron menos de 2.000 plazas. Sanidad acabó habilitando un crédito extraordinario de 40 millones para compensar a las comunidades que habían experimentado el mayor aumento de llegadas, pero dejó claro que el dinero no solucionaría la cuestión.
Es por este motivo por el que el grupo de trabajo propone que el Gobierno central asuma la primera acogida y para este fin se contempla la creación de una red de nuevos centros en los principales territorios de llegada. Durante su estancia se estudiaría el perfil y las necesidades de los menores y se les sometería a las pruebas de determinación de edad para, a continuación, derivarlos a otras comunidades. Este nuevo “sistema de distribución territorial del esfuerzo” tendría en cuenta, como punto de partida, tres parámetros: los ingresos fiscales de la comunidad, la población, y el índice de desempleo, ya que la integración de los niños “está vinculada a su inserción laboral al llegar a la mayoría de edad”.
El borrador, con fecha del 31 de octubre, también incluye la necesidad de promover el acogimiento familiar, cambios en el procedimiento de la determinación de la edad de los menores y la creación de un mecanismo de derivación de los niños por comunidades en función de criterios como la población o el índice de desempleo. Entre los objetivos se encuentra también la exigencia de unos niveles mínimos de calidad en los centros de acogida, la mejora del registro actual que contabiliza a los niños y una atención especial a las necesidades laborales de los adolescentes una vez comprobado que la primera causa para emprender su viaje es trabajar para poder paliar la pobreza de sus familias.
Muchas de las nuevas propuestas implican la “creación de una nueva base legal” con cambios en la ley de extranjería, la ley de asilo y en la ley de Protección Jurídica del Menor lo que, previsiblemente, va a complicar su implementación.
El plan es una aproximación a un modelo de atención más homogéneo y que tenga más en cuenta los intereses del niño. Actualmente cada comunidad autónoma trabaja con modelos diferentes de inclusión y diversos plazos para garantizarles la documentación a la que tienen derecho, una obligación que incumplen sistemáticamente. Según la provincia, los menores viven hacinados y duermen en colchones o en un centro que les garantiza el aprendizaje de la lengua y su inserción laboral. También dependiendo de la comunidad en la que se encuentren serán sometidos a un protocolo diferente, más o menos garantista, de determinación de la edad.
Periódico Digital El País
