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Nueva legislación para acoger refugiados

El Gobierno en funciones ha aprobado un cambio en la legislación con el fin de evitar el inminente colapso del sistema de acogida para refugiados. Con la modificación de un real decreto, el Ejecutivo consigue derivar solicitantes de asilo a los centros de atención humanitaria habilitados para la primera acogida de inmigrantes recién llegados a costas españolas.

Esta fórmula temporal permite, en resumidas cuentas, disponer de un sistema de 5.000 plazas, que se encuentra a la mitad de su capacidad debido a la caída de las llegadas en patera, para aliviar el de acogida de refugiados, que está hace meses desbordado y con varios miles de personas en lista de espera.

Los solicitantes de asilo en España se han multiplicado en los últimos años, muchos de ellos no tienen recursos ni familia y se han encontrado con un sistema que funciona al límite de su capacidad. La Oficina de Asilo, que depende del Ministerio del Interior, ya ha recibido de enero a julio casi 57.000 solicitudes, más incluso que durante todo el año anterior. El número de expedientes acumulados supera los 100.000 y casos que deberían resolverse en seis meses se mantienen abiertos hasta dos años. El embudo afecta directamente al sistema de acogida, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, que debe ofrecer protección no solo a los beneficiarios de asilo o refugio, sino también a los solicitantes que aguardan la resolución de su expediente.

La Secretaría de Estado de Migraciones, de la que dependen de una manera u otra cerca de 28.000 personas, ha sido protagonista de titulares en los últimos meses tras las denuncias de párrocos y ONG que tuvieron que cobijar a grupos de refugiados que no tenían donde dormir. Si la tendencia continúa, la previsión, afirman fuentes del departamento, es que al cerrar el año haya 128.000 solicitantes ante la misma estructura. La secretaría, que se reconoce “al borde del colapso”, ha optado por esta solución temporal, rápida y sin presupuesto extra.

A medio y largo plazo, pero a la espera de la posible investidura de Pedro Sánchez, el Ejecutivo en funciones contempla medidas para “adaptar el sistema actual de asilo a la nueva realidad”. Entre ellas se encuentra “una reforma en profundidad de la ley de asilo” y la posible transferencia de competencias a comunidades autónomas.

La modificación de la ley, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, consiste en cambiar la redacción del Real Decreto 441/2007, que regula las subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a inmigrantes, para ampliar su objeto a la atención humanitaria de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. La atención en estos centros continuará estando a cargo de las organizaciones especializadas (CEAR, Accem y Cruz Roja, sobre todo) que ya están contratadas por la Administración para la protección de los refugiados.

Periódico Digital El País